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| Gabriel Ganón, defensor general de la provincia de Santa Fe |
El Defensor Provincial le pidió al ministro de Justicia y Derechos Humanos que tenga en cuenta “condiciones de idoneidad moral” de dos postulantes, Enrique Sirio investigado por la comisión de delitos de Lesa Humanidad y Patricia Hidalgo Monteferrand por haber avalado y apoyado activamente la candidatura a Presidente de la Comuna de San José de Rincón de Mario Facino.
El titular del Servicio Público de la Defensa Penal de la provincia, Gabriel Ganón, le envió la misiva al ministro Juan Lewis el 3 de julio pasado. Allí, argumenta que las razones de la nota se encuadran en el proceso de selección de Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos para integrar el Servicio Público Provincial de Defensa Penal que se encuentra en etapa de envío de pliegos, “atento que el Jurado ha finiquitado su labor y le ha remitido el orden de mérito correspondiente”, detalla Ganón.
En el caso de la abogada Patricia Hidalgo Montferrand, la crítica de Ganón se centra en un hecho también vinculado a causas en la que se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La abogada fue sorteada hace -cuatro años - para integrar el Tribunal Oral Federal que debía juzgar al ex-juez federal Víctor Brusa y a otros 5 policías en la ciudad de Santa Fe. “Pero tuvo que apartarse de la causa por la recusación presentada por tres querellantes en función de haber tenido relación de convivencia por más de 10 años con el abogado Luis Rodolfo de Aguirre, quien fue ‘meritorio’ y luego ‘Secretario’ del Juzgado Federal a cargo de Brusa durante la Dictadura Militar y por haber avalado y apoyado activamente la candidatura a Presidente de la Comuna de San José de Rincón (en la década del noventa) de Mario Facino, procesado –entonces, luego condenado en dos oportunidades - por delitos de lesa humanidad junto a Brusa. A consecuencia de esta petición de recusación, la abogada se aparto del caso”, recordó el Defensor.
Enrique Fernando Sirio actuó como abogado defensor de Luciano Adolfo Jáuregui en la causa N° 367/03 del Juzgado Federal de Rosario donde fue investigado por la comisión de delitos de Lesa Humanidad cuando ocupó el cargo de Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del II Cuerpo de Ejército. En un escrito presentado ante dicho Juzgado, Sirio patrocinó a Jáuregui y realizó una defensa política de los hechos investigados “y aquí radica la gravedad de la situación”, cuestiona el Defensor Provincial
Para Ganón hay que partir de la premisa que, desde la modificación de la Constitución en 1994 – que incluyó la adhesión a pactos internacionales sobre Derechos Humanos- se debe entender como una defensa del Estado de Derecho, “que no se ocupen cargos públicos con personas que, más allá de la idoneidad técnica, han avalado y defendido políticamente con sus actos y manifestaciones a los perpetradores de graves violaciones a los Derechos Humanos, aunque no hayan desempeñado un rol estatal”.
Si bien las expresiones de Lewis aparecían como entusiastas hace 20 días en cuanto al envío gradual de pliegos, quien tiene la última palabra sobre los dos casos observados por Ganón es el gobernador Antonio Bonfatti, quien deberá evaluar si corresponde o no remitir los pliegos de Hidalgo y Sirio, quienes han tenido mérito en las pruebas de oposición y antecedentes pero que son cuestionados por su pasado como adherentes a personas o causas vinculadas a la represión ilegal.
El titular del Servicio Público de la Defensa Penal de la provincia, Gabriel Ganón, le envió la misiva al ministro Juan Lewis el 3 de julio pasado. Allí, argumenta que las razones de la nota se encuadran en el proceso de selección de Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos para integrar el Servicio Público Provincial de Defensa Penal que se encuentra en etapa de envío de pliegos, “atento que el Jurado ha finiquitado su labor y le ha remitido el orden de mérito correspondiente”, detalla Ganón.
En el caso de la abogada Patricia Hidalgo Montferrand, la crítica de Ganón se centra en un hecho también vinculado a causas en la que se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La abogada fue sorteada hace -cuatro años - para integrar el Tribunal Oral Federal que debía juzgar al ex-juez federal Víctor Brusa y a otros 5 policías en la ciudad de Santa Fe. “Pero tuvo que apartarse de la causa por la recusación presentada por tres querellantes en función de haber tenido relación de convivencia por más de 10 años con el abogado Luis Rodolfo de Aguirre, quien fue ‘meritorio’ y luego ‘Secretario’ del Juzgado Federal a cargo de Brusa durante la Dictadura Militar y por haber avalado y apoyado activamente la candidatura a Presidente de la Comuna de San José de Rincón (en la década del noventa) de Mario Facino, procesado –entonces, luego condenado en dos oportunidades - por delitos de lesa humanidad junto a Brusa. A consecuencia de esta petición de recusación, la abogada se aparto del caso”, recordó el Defensor.
Enrique Fernando Sirio actuó como abogado defensor de Luciano Adolfo Jáuregui en la causa N° 367/03 del Juzgado Federal de Rosario donde fue investigado por la comisión de delitos de Lesa Humanidad cuando ocupó el cargo de Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del II Cuerpo de Ejército. En un escrito presentado ante dicho Juzgado, Sirio patrocinó a Jáuregui y realizó una defensa política de los hechos investigados “y aquí radica la gravedad de la situación”, cuestiona el Defensor Provincial
Para Ganón hay que partir de la premisa que, desde la modificación de la Constitución en 1994 – que incluyó la adhesión a pactos internacionales sobre Derechos Humanos- se debe entender como una defensa del Estado de Derecho, “que no se ocupen cargos públicos con personas que, más allá de la idoneidad técnica, han avalado y defendido políticamente con sus actos y manifestaciones a los perpetradores de graves violaciones a los Derechos Humanos, aunque no hayan desempeñado un rol estatal”.
Si bien las expresiones de Lewis aparecían como entusiastas hace 20 días en cuanto al envío gradual de pliegos, quien tiene la última palabra sobre los dos casos observados por Ganón es el gobernador Antonio Bonfatti, quien deberá evaluar si corresponde o no remitir los pliegos de Hidalgo y Sirio, quienes han tenido mérito en las pruebas de oposición y antecedentes pero que son cuestionados por su pasado como adherentes a personas o causas vinculadas a la represión ilegal.
FUENTE: Notife / La Uno Medios